La dictadura de los lobbies (recorte)
Por Serge Halimi
¿Podemos creer en un cambio?
El proyecto defendido por Obama incluía en un principio dos avances reales. Por una parte, preveía hacer obligatoria la cobertura de salud para los 46 millones de estadounidenses que no están cubiertos subvencionando a los más pobres. Por otra parte, proyectaba la creación de un sistema público de seguros capaz de ofrecer tarifas menos prohibitivas que las de los trusts privados [1]. En efecto, estos últimos consagran sumas enormes a la investigación de las argucias jurídicas que les permitirán no pagar los cuidados de sus asegurados apenas éstos se enferman. Ahora bien, ¿por qué se alarma la derecha? “Si nace una ‘opción pública’ –fulmina el gobernador republicano de Luisiana–, ésta impondrá a las aseguradoras privadas una competencia desleal que las llevará a la quiebra” [2]. Otras quiebras, más desgarradoras, deberían haber llamado su atención. Particularmente, en Luisiana, uno de los estados más pobres del país.
La política estadounidense está a tal punto gangrenada por el poder del dinero de los lobbies industriales y financieros que sólo las reducciones de impuestos pasan sin dificultad la barrera del Congreso. Imponer cualquier cosa a los bancos, a las compañías de seguros, a la industria farmaceútica se convierte en un desafío…
[1] En 15 de los 50 estados que forman el país, más de la mitad del “mercado” está en manos de una sola compañía privada. Véase “The Tight of Health Insurers”; Business Week, Nueva Cork, 3-8-09
[2] Bobby Jindall, “How to Make Helth-Care Reform Bipartisan?”, The Wall Street Journal, Nueva Cork, 22-7-09
—
Una advertencia llamada Honduras (recorte)
Por Maurice Lemoine
República bananera
Un ejército de trabajadores pobres, machete en mano; gigantescas plantaciones; vías férreas que desembocan en tres puertos –Cortés, Tela, La Ceiba– desde donde las bananas, principal riqueza de Honduras, se embarcan hacia el extranjero. Febrero de 1974: la compañía estadounidense Standard Fruit despide a setecientos trabajadores en represalia por la creación de un impuesto a la exportación de 1 dólar por caja de 40 libras. Abril: el impuesto se reduce a 50 centavos, y luego a 25 centavos. 22 de abril de 1975: el jefe de Estado, el general Oswaldo López Arellano, es destituido; había recibido 1.250.000 dólares de otra multinacional, la United Brands –nueva denominación de la tristemente célebre United Fruit [1]–, a cambio de reducir el impuesto.
Otros tiempos. ¿Otras costumbres? En diciembre de 2008, el presidente Manuel Zelaya aumenta el salario mínimo de 126 euros a 202 euros. Conmoción en el seno del directorio de la empresa Chiquita, ¡ex United Brands! La compañía, que produce alrededor de 8 millones de cajas de ananás y 22 millones de cajas de bananas por año, moviliza sus conexiones en Washington, a través de Covington and Burling –un poderoso estudio jurídico que asesora a multinacionales [2]– y hace causa común con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), también muy descontento.
En octubre de 2006, cuenta Rafael Murillo Selva, asesor de Zelaya y actual embajador de Honduras en Ecuador, ya se había producido un primer enfrentamiento. A través de un llamado a licitación, el poder cuestionó entonces el monopolio que ejercían las compañías Chevron, Exxon Mobil, Shell y la empresa local Dippsa en la venta y distribución de combustibles. “Acostumbradas a que nadie intervenga en sus privilegios, las transnacionales declararon que ‘con esta licitación, se habían modificado las reglas de juego’. Una alianza formada por un sector de la patronal hondureña, la Corte Suprema de Justicia y el embajador de Estados Unidos, Charles Ford, logró en parte que esta iniciativa, que respetaba las reglas del libre mercado, no alcanzara sus objetivos”. Razón por la cual Zelaya se volcó posteriormente a Caracas y se sumó al acuerdo Petrocaribe, que permitió desde entonces a su país recibir petróleo venezolano en condiciones financieras ventajosas.
Lo que es intolerable para “la banana” o “el petróleo” también lo es en materia de salud. Cuando Tegucigalpa firmó con el gobierno cubano un acuerdo para la provisión de medicamentos genéricos a muy bajo costo, las empresas importadoras hondureñas y las multinacionales del sector se unieron al frente de protesta. Es sabido, precisa Murillo, que la empresa local más importante, Laboratorios Finlay, “pertenece a la familia Canahuati Larach, propietaria de dos grandes diarios de circulación nacional, El Heraldo y La Prensa”.
Queda claro: contrariamente a lo que adujo el presidente usurpador Roberto Micheletti, el derrocamiento de Zelaya y su expulsión manu militari a Costa Rica, el 28 de junio, nada tienen que ver con el intento de organizar un referéndum ilegal que permitiera su reelección en noviembre próximo. La consulta, sin carácter vinculante, que pretendía organizar a partir de una posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente [3], se basaba en la Ley de Participación Ciudadana del 27 de enero de 2006, cuyo artículo 2 garantiza “los derechos de los ciudadanos a proponer y decidir sobre asuntos públicos”.
Los que operan en las sombras
Desde entonces, no obstante la condena unánime de la “comunidad internacional”, la expulsión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA) y una resistencia popular que crece día a día en el mismo país, a pesar de la represión, Zelaya no pudo regresar a Honduras. Sus dos intentos –por avión, a Tegucigalpa, el 5 de julio, y a través de la frontera nicaragüense, el 25 del mismo mes– fracasaron. Desataron incluso las críticas del portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Robert Wood: “Esta iniciativa pone en peligro los esfuerzos de mediación que encabeza (el presidente costarricense Oscar) Arias”. La secretaria de Estado Hillary Clinton, por su parte, se dedicó esencialmente a solicitar al… presidente venezolano Hugo Chávez que no interviniera en los asuntos de Honduras.
Obama or not Obama? Ésa no es la cuestión. Se puede muy bien ocupar el Salón Oval sin controlar totalmente las dependencias, menos aun la propia tropa. Esta crisis pone en evidencia no sólo las diferencias entre republicanos y demócratas, sino también entre los propios demócratas. Barack Obama asumió inicialmente una posición clara en favor de Zelaya. Pero fue la iniciativa de Hillary Clinton, desde la OEA, donde sesionan varios gobiernos firmemente anclados en la izquierda, la que trasladó el manejo de la crisis al silencioso despacho de Arias. De las negociaciones llevadas a cabo por este último surgirá una propuesta que tendrá la ventaja de alinearse con la condena general al golpe de Estado, haciendo que Zelaya sólo regrese a la presidencia, en el marco de un gobierno de reconciliación nacional, con prerrogativas limitadas.
[1] Creada en 1899, la compañía bananera estadounidense United Fruit es símbolo de explotación colonial en América Central. Participó directamente en el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, en 1954, en Guatemala.
[2] Eric Holder, actual secretario de Justicia de Estados Unidos, copresidente de la campaña de Barack Obama y ex fiscal general adjunto bajo la administración de William Clinton, trabajó, desde 2001 y hasta recientemente, en este estudio. Era el abogado de Chiquita cuando, en 2007, ésta fue condenada a pagar 25 millones de dólares de multa, en Estados Unidos, por sus lazos con los paramilitares en Colombia. Véase Nikolas Kozloff, “From Arbenz to Zelaya: Chiquita in Latin America”, Counterpunch, 17/19-7-09.
[3] Véanse “Golpe de Estado”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, agosto de 2009, y “Retour des ‘gorilles’ au Honduras”, www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-07-01-Honduras
—
Mafias farmacéuticas (recorte)
Por Ignacio Ramonet
Sana sana...
Muy pocos medios lo han comentado. La opinión pública no ha sido alertada. Y sin embargo, las preocupantes conclusiones del Informe final [1] publicado por la Comisión Europea el pasado 8 de julio sobre los abusos en materia de competencia en el sector farmacéutico merecen ser conocidas por los ciudadanos y ampliamente difundidas.
¿Qué dice ese informe? En síntesis: que, en el comercio de medicamentos, la competencia no está funcionando, y que los grandes grupos farmacéuticos recurren a toda suerte de juegos sucios para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar a los medicamentos genéricos, mucho más baratos. Consecuencia: el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas económicas no sólo para los propios pacientes, sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes). Ésto, además, ofrece argumentos a los defensores de la privatización de los Sistemas Públicos de Salud, acusados de ser fosos de déficits en el presupuesto de los Estados.
El mercado mundial de los medicamentos representa unos 700.000 millones de euros[2], y una docena de empresas gigantes, entre ellas las llamadas “Big Pharma” (Bayer, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis), controlan la mitad de ese mercado. Sus beneficios son superiores a los cosechados por los poderosos grupos del complejo militar-industrial. Por cada euro invertido en la fabricación de un medicamento de marca, los monopolios ganan un millar en el mercado[3]. Y tres de esas firmas, GSK, Novartis y Sanofi, se disponen a ganar miles de millones de euros más en los próximos meses gracias a las ventas masivas de la vacuna contra el virus A(H1N1) de la nueva gripe[4].
La ofensiva de los monopolios farmacéutico-industriales no tiene fronteras. También estarían implicados en el reciente golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en Honduras, país que importa todas sus medicinas, producidas fundamentalmente por las Big Pharma. Desde que Honduras ingresó en el ABPA (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América, ex ALBA), en agosto de 2008, Manuel Zelaya negociaba un acuerdo comercial con La Habana para importar genéricos cubanos, con el propósito de reducir los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos hondureños. Además, en la Cumbre del 24 de junio pasado, los Presidentes del ABPA se comprometieron a “revisar la doctrina sobre la propiedad industrial”, o sea la intangibilidad de las patentes en materia de medicamentos. Estos dos proyectos, que amenazaban directamente sus intereses, impulsaron a los grupos farmacéuticos transnacionales a apoyar con fuerza el movimiento golpista que derrocaría a Zelaya el 28 de junio último[5].
Por su lado, Barack Obama, que pretende reformar el actual sistema de salud de Estados Unidos que deja sin cobertura médica a 47 millones de ciudadanos, está afrontando las iras del complejo farmacéutico-industrial. Aquí, las sumas en juego son gigantescas (los gastos de salud representan el equivalente del 18% del PBI) y las controla un vigoroso lobby de intereses privados que reúne, además de las Big Pharma, a las grandes compañías de seguros y a todo el sector de las clínicas y de los hospitales privados. Ninguno de estos actores quiere perder sus opulentos privilegios. Por eso, apoyándose en los grandes medios más conservadores y en el Partido Republicano, están gastando decenas de millones de dólares en campañas de desinformación y de calumnias contra la necesaria reforma del sistema de salud.
Es una batalla crucial. Y sería dramático que las mafias farmacéuticas la ganasen. Porque redoblarían entonces los esfuerzos para atacar, en Europa y en el resto del mundo, el despliegue de los medicamentos genéricos y la esperanza en unos sistemas de salud menos costosos y más solidarios.
[1] http://ec.europa.eu/comm/competition/ sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html
[2] Intercontinental Marketing Services (IMS) Health, Norwalk (Estados Unidos), 19-3-09. En: www.imshealth.com
[3] Carlos Machado, “La mafia farmacéutica. Peor el remedio que la enfermedad”, 5-3-07. En: www.ecoportal.net/content/view/ full/67184
[4] Ignacio Ramonet, “Los culpables de la gripe porcina”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, junio de 2009.
[5] Observatorio Social Centroamericano, 29-6-09, www.lahaine.org/index.php?p=38979
<!–[if !mso]> <! st1\:*{behavior:url(#ieooui) } –>
Una advertencia llamada Honduras (recorte)
por Maurice Lemoine
Un ejército de trabajadores pobres, machete en mano; gigantescas plantaciones; vías férreas que desembocan en tres puertos –Cortés, Tela, La Ceiba– desde donde las bananas, principal riqueza de Honduras, se embarcan hacia el extranjero. Febrero de 1974: la compañía estadounidense Standard Fruit despide a setecientos trabajadores en represalia por la creación de un impuesto a la exportación de 1 dólar por caja de 40 libras. Abril: el impuesto se reduce a 50 centavos, y luego a 25 centavos. 22 de abril de 1975: el jefe de Estado, el general Oswaldo López Arellano, es destituido; había recibido 1.250.000 dólares de otra multinacional, la United Brands –nueva denominación de la tristemente célebre United Fruit [1]–, a cambio de reducir el impuesto.
Otros tiempos. ¿Otras costumbres? En diciembre de 2008, el presidente Manuel Zelaya aumenta el salario mínimo de 126 euros a 202 euros. Conmoción en el seno del directorio de la empresa Chiquita, ¡ex United Brands! La compañía, que produce alrededor de 8 millones de cajas de ananás y 22 millones de cajas de bananas por año, moviliza sus conexiones en Washington, a través de Covington and Burling –un poderoso estudio jurídico que asesora a multinacionales [2]– y hace causa común con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), también muy descontento.
En octubre de 2006, cuenta Rafael Murillo Selva, asesor de Zelaya y actual embajador de Honduras en Ecuador, ya se había producido un primer enfrentamiento. A través de un llamado a licitación, el poder cuestionó entonces el monopolio que ejercían las compañías Chevron, Exxon Mobil, Shell y la empresa local Dippsa en la venta y distribución de combustibles. “Acostumbradas a que nadie intervenga en sus privilegios, las transnacionales declararon que ‘con esta licitación, se habían modificado las reglas de juego’. Una alianza formada por un sector de la patronal hondureña, la Corte Suprema de Justicia y el embajador de Estados Unidos, Charles Ford, logró en parte que esta iniciativa, que respetaba las reglas del libre mercado, no alcanzara sus objetivos”. Razón por la cual Zelaya se volcó posteriormente a Caracas y se sumó al acuerdo Petrocaribe, que permitió desde entonces a su país recibir petróleo venezolano en condiciones financieras ventajosas.
Lo que es intolerable para “la banana” o “el petróleo” también lo es en materia de salud. Cuando Tegucigalpa firmó con el gobierno cubano un acuerdo para la provisión de medicamentos genéricos a muy bajo costo, las empresas importadoras hondureñas y las multinacionales del sector se unieron al frente de protesta. Es sabido, precisa Murillo, que la empresa local más importante, Laboratorios Finlay, “pertenece a la familia Canahuati Larach, propietaria de dos grandes diarios de circulación nacional, El Heraldo y La Prensa”.
Queda claro: contrariamente a lo que adujo el presidente usurpador Roberto Micheletti, el derrocamiento de Zelaya y su expulsión manu militari a Costa Rica, el 28 de junio, nada tienen que ver con el intento de organizar un referéndum ilegal que permitiera su reelección en noviembre próximo. La consulta, sin carácter vinculante, que pretendía organizar a partir de una posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente [3], se basaba en la Ley de Participación Ciudadana del 27 de enero de 2006, cuyo artículo 2 garantiza “los derechos de los ciudadanos a proponer y decidir sobre asuntos públicos”.
Los que operan en las sombras
Desde entonces, no obstante la condena unánime de la “comunidad internacional”, la expulsión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA) y una resistencia popular que crece día a día en el mismo país, a pesar de la represión, Zelaya no pudo regresar a Honduras. Sus dos intentos –por avión, a Tegucigalpa, el 5 de julio, y a través de la frontera nicaragüense, el 25 del mismo mes– fracasaron. Desataron incluso las críticas del portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Robert Wood: “Esta iniciativa pone en peligro los esfuerzos de mediación que encabeza (el presidente costarricense Oscar) Arias”. La secretaria de Estado Hillary Clinton, por su parte, se dedicó esencialmente a solicitar al… presidente venezolano Hugo Chávez que no interviniera en los asuntos de Honduras.
Obama or not Obama? Ésa no es la cuestión. Se puede muy bien ocupar el Salón Oval sin controlar totalmente las dependencias, menos aun la propia tropa. Esta crisis pone en evidencia no sólo las diferencias entre republicanos y demócratas, sino también entre los propios demócratas. Barack Obama asumió inicialmente una posición clara en favor de Zelaya. Pero fue la iniciativa de Hillary Clinton, desde la OEA, donde sesionan varios gobiernos firmemente anclados en la izquierda, la que trasladó el manejo de la crisis al silencioso despacho de Arias. De las negociaciones llevadas a cabo por este último surgirá una propuesta que tendrá la ventaja de alinearse con la condena general al golpe de Estado, haciendo que Zelaya sólo regrese a la presidencia, en el marco de un gobierno de reconciliación nacional, con prerrogativas limitadas.
[1] Creada en 1899, la compañía bananera estadounidense United Fruit es símbolo de explotación colonial en América Central. Participó directamente en el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, en 1954, en Guatemala.
[2] Eric Holder, actual secretario de Justicia de Estados Unidos, copresidente de la campaña de Barack Obama y ex fiscal general adjunto bajo la administración de William Clinton, trabajó, desde 2001 y hasta recientemente, en este estudio. Era el abogado de Chiquita cuando, en 2007, ésta fue condenada a pagar 25 millones de dólares de multa, en Estados Unidos, por sus lazos con los paramilitares en Colombia. Véase Nikolas Kozloff, “From Arbenz to Zelaya: Chiquita in Latin America”, Counterpunch, 17/19-7-09.
[3] Véanse “Golpe de Estado”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, agosto de 2009, y “Retour des ‘gorilles’ au Honduras”, www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-07-01-Honduras
